LA LEY MINERA DE MÉXICO DESINCENTIVA LAS INVERSIONES
Monterrey, NL 8 julio 2026.- Justo cuando México tiene una oportunidad histórica para atraer inversiones en proyectos de minerales críticos, la Ley Minera de 2023 ha debilitado al sector.
Esto al reducir la vigencia de las concesiones, mantener incertidumbre regulatoria y frenar la realización de nuevas licitaciones, ya que el Gobierno Federal no ha iniciado ningún proceso bajo el nuevo marco legal, reveló un análisis del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
La mezcla de factores tiene en punto muerto el crecimiento del sector en general, de acuerdo con el documento titulado «Gobernanza de los minerales críticos y reparto de beneficios comunitarios en México».
Dicho diagnóstico fue realizado bajo la regla de Chatham House, que es un sistema de debates y mesas redondas sobre temas controvertidos, que en este caso fueron híbridas y a puerta cerrada en la Ciudad de México, con los principales involucrados del sector minero, tanto público como privado y de la sociedad civil.
«En medio de estos desafíos, los nuevos proyectos mineros en México y el crecimiento del sector en general se encuentran actualmente en un punto muerto», señaló el documento.
El diagnóstico identificó el impacto que tiene la inversión privada en la minería, ya que los participantes expresaron su preocupación por la forma en que se asignan las concesiones bajo el marco legal actual, que pasaron de 50 a 30 años, y con posibilidad de renovar otros 25 años, en vez de 50 como estaba antes, y que ahora sea vía licitación en vez de asignación directa.
«(Además) los participantes observaron que el gobierno mexicano aún no ha iniciado ningún proceso de licitación bajo el nuevo marco legal, lo que, según coinciden, ha creado un estancamiento para los desarrolladores de proyectos. Algunos participantes fueron incluso más allá y sugirieron que existe una moratoria de facto en la emisión de concesiones mineras bajo el marco legal del 2023, lo que detiene de hecho el desarrollo de todos los nuevos proyectos».
«Esta combinación de plazos más cortos, condiciones previas más exigentes y acuerdos transitorios sin resolver ha dificultado que los proyectos mineros obtengan financiamiento, debilitando la industria y desviando la atención de las consideraciones sobre el reparto de beneficios. Como evidencia del aumento del riesgo regulatorio, los participantes citaron el Índice de Atractivo de la Inversión Minera de 2024 del Instituto Fraser, en el que México ocupó el puesto 49 de 82 jurisdicciones», señaló.
Además, según el gobierno mexicano, la Ley de Minería de 2023 tenía como objetivo abordar las preocupaciones de larga data sobre los impactos ambientales, la división social, el acceso al agua y los limitados mecanismos de consulta y reparto de beneficios para las comunidades y territorios mineros.
