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EXIGE PESIDENTA CUMPLIR PROCEDIMIENTOS LEGALES

Ciudad de México 6 octubre 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum reclamó al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, que no notificara a la Cancillería sobre la academia internacional de capacitación policial ni sobre la colaboración con agencias de Estados Unidos en ese proyecto.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal advirtió que el oficio difundido ayer por el Gobierno queretano sólo informa sobre la visita del Embajador Ronald Johnson, sin que ese aviso constituya una autorización para desarrollar un proyecto de cooperación internacional en materia de seguridad.

«Ayer, salió un documento donde invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le hicieron partícipe que el Embajador iba a ir a un evento, pero no dice de una autorización de una academia en donde van a participar las agencias de Estados Unidos», afirmó.

Sheinbaum aseguró que la academia tampoco fue sometida al Grupo de Alto Nivel de Seguridad, instancia federal que debe revisar y autorizar los proyectos de cooperación de los estados con Gobiernos extranjeros en esa materia.

¿Esta academia cuenta con autorización federal?, se le preguntó.

 «No, no ha pasado por el Grupo de Alto Nivel», respondió.

La Presidenta rechazó que su señalamiento sobre la participación estadounidense se base en una suposición y aseguró que fue el propio Gobierno de Querétaro el que informó públicamente sobre esa colaboración.

«¿Por qué sabemos que en esa academia van a participar las agencias de Estados Unidos? Porque lo dijo el Secretario de Seguridad ciudadana de Querétaro en el evento, no es una suposición», señaló.

La titular del Ejecutivo federal incluso pidió a su equipo que se proyectara un video con las declaraciones del funcionario estatal.

«Este centro de capacitación internacional representa un paso tan importante. Está concebido para recibir capacitación especializada de agencias de los Estados Unidos y ponerlo al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública», dijo en el evento.

Sheinbaum exigió al Gobierno estatal sujetar el proyecto al procedimiento federal si pretende recibir apoyo estadounidense.

«Lo que se le pide al Gobierno de Querétaro, que siga los procedimientos, que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización si va a recibir apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, que solicite su autorización al grupo de alto. ¿Por qué? Porque es la ley», expresó.

La Mandataria federal presentó una lámina para explicar las reglas que, afirmó, deben seguir las entidades federativas cuando buscan recibir apoyos o cooperación de gobiernos extranjeros en materia de seguridad.

El esquema establece que el Gobierno estatal debe solicitar el proyecto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a un convenio o programa en materia de seguridad previamente suscrito por el Estado mexicano.

La Cancillería debe solicitar opiniones a las dependencias que integran el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, entre ellas las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina, así como el Centro Nacional de Inteligencia.

El grupo aprueba o rechaza el proyecto en sesión presencial y, posteriormente, Relaciones Exteriores emite el dictamen de procedencia, comunica la resolución al Gobierno estatal, registra el proyecto y da seguimiento a su implementación.

El Gobierno local también debe rendir un informe a la Cancillería.

«Esto es lo legal, Constitución, incluso tratados internacionales y la operacionalización de un procedimiento con una entidad de la República que tiene que pasar necesariamente por el grupo de alto nivel de seguridad y por la Secretaría de Relaciones Exteriores», sostuvo.

La lámina cita el Artículo 89 de la Constitución, que atribuye a la Presidencia la conducción de la política exterior, y el 117, que establece que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

También refirió los artículos 68 al 70 de la Ley de Seguridad Nacional para señalar que la cooperación bilateral en seguridad corresponde al Estado mexicano y que los agentes extranjeros y sus reuniones con servidores públicos estatales están sujetos a controles y autorizaciones.

Presidencia invocó además un criterio de la Suprema Corte según el cual las entidades federativas y municipios carecen de personalidad jurídica internacional para representar al País y los convenios de cooperación técnica, capacitación, seguridad o intercambio con gobiernos extranjeros requieren autorización del Ejecutivo federal a través de la SRE y, en su caso, aprobación del Senado.

Sheinbaum informó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 se identificaron nueve proyectos de cooperación entre el Gobierno de Querétaro y agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos que pasaron por ese mecanismo.

Ocho corresponden a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con la información presentada por la Presidenta.

«En estos proyectos no está la academia que se inauguró o que la primera piedra. No está la academia», afirmó.

Ayer, Kuri informó mediante un oficio fechado el 23 de septiembre que Querétaro recibiría a Johnson y señaló que la interacción tendría efectos protocolarios y no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.

Días después, el Gobernador emanado de las filas del PAN y el Embajador participaron en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

Sheinbaum sostuvo que la cooperación internacional en seguridad puede realizarse, pero sólo después de cumplir los procedimientos federales.

«No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley porque no puede ser que se hable del Estado de derecho y que después, a la hora de la hora, pues no cumpla con los requisitos», afirmó.

Pide CSP a FGR informe sobre operación de CIA en Chihuahua

Por otro lado, Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances de la investigación por la operación realizada en Chihuahua en la que participaron dos agentes estadounidenses vinculados públicamente con la CIA y que murieron en abril pasado.

La Mandataria recordó que la indagatoria sigue abierta y sostuvo que corresponde a la FGR explicar qué se ha determinado sobre la presencia y las actividades de los agentes extranjeros en territorio nacional.

«La Fiscalía tiene abierta esta carpeta de investigación y ellos tienen que informar qué avance tiene», afirmó.

Sheinbaum señaló que los dos agentes estadounidenses murieron cuando participaban en una operación en tierra e insistió en que cualquier colaboración de Gobiernos estatales con agencias extranjeras en materia de seguridad debe contar con autorización federal.

«Cualquier entidad de la República, cualquier Gobierno de los estados, para poder tener relación con el Gobierno de Estados Unidos, alguna de sus agencias o algún otro Gobierno, no necesariamente Estados Unidos, que tenga que ver principalmente con la materia de seguridad, tiene que pasar por este grupo de alto nivel», indicó.

La Presidenta agregó que ese tipo de colaboración también debe solicitarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ser evaluada conforme a las leyes mexicanas y los principios de política exterior.

La FGR abrió en abril investigaciones por los hechos ocurridos en la Sierra del Pinal, después de confirmar la presencia de dos estadounidenses aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad que murieron junto con otras dos personas tras la localización de una instalación clandestina para producir drogas.

Posteriormente, la Fiscalía informó que los dos extranjeros realizaban funciones en territorio nacional en el marco de una investigación de la Fiscalía de Chihuahua relacionada con un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

La FGR también señaló que citaría a decenas de personas relacionadas con el operativo para establecer las circunstancias en las que participaron los agentes extranjeros y las autoridades estatales.

En junio, la Fiscalía reportó que la indagatoria seguía por posibles delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público y que había realizado más de 120 diligencias, entre ellas cerca de 60 entrevistas.

La institución informó además que recibió reportes de la autoridad estatal sobre las actividades realizadas por los agentes estadounidenses antes del operativo y tomó declaración ministerial al ex Fiscal General de Chihuahua.

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