ADVIERTEN VACÍO LEGAL TRAS CLAUSURAR ANEXOS
Guadalajara, Jalisco 3 octubre 2026.- El cierre de centros de rehabilitación que operan fuera de la norma puede parecer una solución al problema de las irregularidades, pero deja una pregunta abierta: ¿qué pasa con las personas que estaban internadas?
Pedro Damián Aceves, presidente del Colegio Nacional de Consejeros de Adicciones, capítulo Jalisco, señaló que los operativos son necesarios para detectar abusos e irregularidades, pero advirtió que, cuando un centro es clausurado, las autoridades no ofrecen necesariamente una alternativa de tratamiento ni acompañamiento a las familias.
Tampoco existe suficiente apoyo o capacitación para que los establecimientos que sí podrían regularizarse cumplan con las condiciones requeridas. Para Aceves, la respuesta no debería limitarse a cerrar estos espacios, sino incluir una ruta para ponerlos en regla, capacitar al personal y dar supervisión.
La consecuencia de una clausura sin una alternativa, expuso Aceves, es que personas con adicciones crónicas, problemas de policonsumo y afectaciones físicas, mentales, familiares y sociales puedan quedar nuevamente en la calle. El problema no desaparece con el cierre del establecimiento. Las familias, muchas veces después de haber agotado sus recursos, enfrentan la necesidad de encontrar atención otra vez.
La tensión que describió el experto en rehabilitación quedó expuesta el 25 de septiembre, durante las protestas por el cierre de la Comunidad Terapéutica Santa Ana, de la Colonia Mariano Otero, en Zapopan.
La movilización de madres de internos no solo exigía la reapertura del lugar, sino que evidenció el temor de algunas familias ante lo que ocurre con sus integrantes cuando estos espacios dejan de operar. Entre las pancartas de las manifestantes, una resumía esa preocupación: «Tengo a mi hijo anexado porque no quiero ser madre buscadora».
La frase adquiere otra dimensión al revisar las condiciones que motivaron la intervención: durante el operativo, la Fiscalía reportó la localización de 90 personas en el centro de rehabilitación -86 adultos y cuatro adolescentes-, además encontró condiciones insalubres, espacios reducidos y la falta de licencia para operar.
También fueron localizadas dos máquinas tragamonedas y paquetes de flores, cuya venta por parte de internos es investigada.
Aceves señaló que los anexos, clínicas y comunidades terapéuticas han funcionado durante años como espacios de contención para personas con adicciones, en parte porque la atención especializada puede ser costosa para muchas familias.
Esto no justifica abusos, violencia ni violaciones a derechos humanos dentro de los establecimientos, pero ayuda a explicar por qué las familias recurren a ellos y por qué el cierre, por sí mismo, no resuelve el problema de fondo.
De acuerdo con el especialista, el tema de los espacios de rehabilitación para personas con consumo problemático de drogas se mueve entre dos exigencias que no siempre tienen un punto de encuentro: cumplir con la legalidad y garantizar a las familias un espacio de contención para quienes necesitan tratamiento.
En medio de esa tensión, planteó, también está la responsabilidad del Estado de regular estos establecimientos y ofrecer alternativas de atención cuando sean clausurados.
Únete a nuestro canal de WhatsApp:
