RINDIÓ MAX CORREA 2º INFORME LEGISLATIVO Y COMUNITARIO
*Las y los legisladores mexiquenses volvieron a hacer historia en el Estado de México, señaló.
*A partir del nuevo gobierno inicia la transformación estatal: Maurilio Hernández y Azucena Cisneros.
Al rendir su Segundo Informe Legislativo, en el que destacó la aprobación de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo, su participación en 197 reuniones de comisiones y en 25 sesiones plenarias y cientos de gestiones en favor de la ciudadanía, el diputado Max Agustín Correa Hernández (Morena) resaltó que la pluralidad del Congreso mexiquense ha contribuido a fortalecer el marco jurídico estatal.
En Tlalnepantla, ante el diputado Maurilio Hernández González, coordinador parlamentario de Morena, el también presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos afirmó que durante este año se volvió a hacer historia por la profunda transformación que junto con el pueblo se ha logrado.
En presencia de vecinas y vecinos, mujeres, estudiantes, ejidatarios, líderes sociales y comunitarios, así como diputadas y diputados locales y federales, el legislador subrayó el triunfo electoral de Delfina Gómez gracias a la ciudadanía y expresó que la bancada morenista se ha destacado por proponer proyectos legislativos bajo causas sociales justas, así como por la batalla contra grupos neoliberales que se resisten al proceso de cambio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su mensaje, el diputado Maurilio Hernández expuso que el trabajo de Correa Hernández se enmarca en el proceso de la 4ª transformación para mejorar las condiciones de vida de las y los mexiquenses. Reconoció la participación ciudadana para llevar a la gubernatura a Delfina Gómez y la confianza que han depositado en la 4T, lo que ha permitido que hoy sean gobierno en 23 entidades y en cerca de mil 500 municipios.
Asimismo, la diputada Azucena Cisneros Coss expuso que la transformación de la entidad iniciará de la mano de la gobernadora Delfina Gómez y apuntó que es responsabilidad de las y los legisladores acompañarla, por lo que la participación y trabajo de Max Correa es fundamental.
En su informe, el diputado Max Correa resaltó la aprobación de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo y sus Variedades como Patrimonio Alimentario del Estado México; de la reforma que mandata al Congreso estatal sesionar una vez al año fuera de la capital; y de la modificación al Código Financiero de la entidad para que quienes adquirieron viviendas de interés social mediante el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y otros similares tengan certeza jurídica sobre su patrimonio; lo que beneficia a cerca de 18 mil 500 familias de al menos 20 municipios del Valle de México.
Resaltó las solicitudes del Congreso a instancias federales y estatales para integrar los sindicatos de México y Canadá comprometidos con la defensa de los derechos laborales de las y los mexicanos en ambos países, y al Senado, para que prohíba el uso de plaguicidas; así como la aprobación unánime de la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de México.
Entre las iniciativas en estudio mencionó la que propone inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Poder Legislativo el nombre de la insurgente Manuela Medina “La Capitana”, y del ex gobernador Alfredo Zárate Albarrán; así como las propuestas para emitir la Ley de Economía Circular y la Ley de los Derechos de la Naturaleza.
Adicionalmente, señaló la realización de 14 foros en el marco del Parlamento Abierto sobre diversos temas; 117 audiencias en la oficina del Congreso para la atención de 234 personas, 94 de las cuales encontraron solución a sus demandas, y 200 peticiones recabadas en la casa de atención ciudadana, de las cuales 44 se han resuelto favorablemente.
Sobre su gestión comunitaria resaltó la donación de equipo funcional para personas con discapacidad, la entrega de materiales y apoyos para celebraciones de la niñez, madres de familia; apoyo a deportistas, impulso a la lectura, capacitación para el trabajo juvenil y diversas campañas sociales; acompañamiento a personas del campo, ejidatarios y población en general en la gestión de servicios de agua, regularización de tierras, viviendas, atención a la salud y educación, entre otras.