RECOGE CONGRESO LINEAMIENTOS DE LA SCJN PARA LEY EN DISCAPACIDAD
· El ordenamiento cumple con cada detalle de la resolución.
· Sus preceptos incluyen las propuestas recabadas durante la consulta pública.
Toluca de Lerdo, México, 7 de marzo de 2024.- La Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables del Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de México, que incluye las propuestas recabadas durante la consulta pública realizada en cumplimiento del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que tiene por objeto respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de este grupo de la población.
El dictamen de la iniciativa incluye preceptos para una igualdad efectiva, perspectiva de género, dignidad, interculturalidad e interseccionalidad para la plena inclusión, accesibilidad, participación autónoma y desarrollo en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad.
Diputadas y diputados integrantes del órgano legislativo coincidieron en que el nuevo ordenamiento colocará a la entidad como referente a nivel nacional en materia de la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues la consulta permitió integrar aspectos previstos en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como los modelos de apoyo para la toma de decisiones establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Entre otros aspectos, la nueva normatividad considera la obligación de los entes públicos estatales de integrar medidas para el cumplimento de la ley; la armoniza con la Ley General de Educación y complementa la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad enfocada en la infancia y la adolescencia, la cual abarca del nacimiento hasta los 18 años, que facilita la medición de la salud y la discapacidad en ambas etapas; establece el respeto a la consulta de las personas con discapacidad, como mecanismo de participación directa en los procesos de decisión sobre sus derechos.