ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA FAMILIA DE GARCÍA LUNA

·        Están en una lista que incluye a 61 personas que habrían ayudado a saquear cinco mil 112 millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) giró 61 órdenes de aprehensión contra personas que probablemente estuvieron involucradas en contratos con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que incluyen a su esposa y hermano.

Un juez federal ordenó la aprehensión de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna, así como de cuatro hermanos, Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna; por su presunta participación en el desvío de más de cinco mil mdp en contratos de prisiones federales.

La Fiscalía publicó la lista mediante un comunicado de prensa donde se encuentran servidores públicos y particulares que estarían relacionados con el delito de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, a través de diez contratos ilícitos.

La lista también figura a Cristina Gálvez González, su suegra, y Oswaldo Luna Alderrabano, quien fue el Oficial Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes habrían colaborado con García Luna Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg “para saquear los recursos públicos”.

La cantidad suma cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional. Las autoridades mexicanas ya solicitaron la ficha roja de Interpol para dar con aquellos que se encuentren fuera del país y la asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes.

Este procedimiento penal es distinto a la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto a otro presunto despojo millonario en contra de la Policía Federal, que involucran a la actual directora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, Sonia Vargas Terreno.

Mientras tanto, un Tribunal Colegiado negó el amparo a Genaro García Luna contra el bloqueo de sus cuentas, realizada por la UIF en cumplimiento de una solicitud de la DEA. El exfuncionario, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, Estados Unidos), ha estado en prisión desde entonces.