DENUNCIAN ONG’S ANTE INE A 11 CANDIDATOS POR NEXOS CON CRIMEN
Ciudad de México, 30 abril 2025.- Organizaciones ciudadanas como Defensorxs y denunciaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a candidatos cuestionados por sus lazos con el crimen organizado o delincuentes.
La denuncia fue encabezada por el abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, quien acudió a las instalaciones del INE acompañado de representantes de Laboratorio Electoral y Politiklab.
En conferencia de prensa, Meza detalló que cuatro candidatos con antecedentes penales y vínculos con cárteles criminales buscan ocupar cargos como jueces en materia penal, dos de ellos en el estado de Nuevo León.
Estas son las primeras quejas que se presentan ante el INE luego que el Consejo General aprobó anular las candidaturas si se confirma que tienen órdenes de aprehensión, suspensión de derechos políticos, sentencias por algún tipo de violencia o son deudores alimentarios.
Entre los señalados está Francisco Herrera Franco, quien aspira a ser juez penal en Michoacán. Al aspirante le llaman el “Fiscal de Hierro”, pues era Fiscal regional, y lo acusan de estar relacionado con grupos criminales en esa entidad.
Además de José Humberto Padilla Briones, también aspirante a juez penal en Nuevo León, es señalado que en 2023 fue detenido con un arma de fuego y 17 dosis de droga y Andrés Montoya García, quien busca ser magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en Sonora, es hermano de José Antonio Montoya García, ex policía judicial de Sonora acusado de ser el autor material de la desaparición en 2005 del periodista de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota.
Mientras que a Karina Sánchez, Eluzai Rafael, Job Daniel Wong Ibarra, Cesiah Keren León Rocha, Betzabeth Almazán Morales y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza y Madián Sinaí Menchaca Sierra son señalados de estar ligados a Naasón Joaquín García, ex líder de la iglesia Luz del Mundo.
Aunque la mayoría de estos aspirantes no tienen una sentencia firme, como establece la regla, las organizaciones demandan que se investiguen y si existen motivos suficientes retirarles las candidaturas.
