DE ATACAR A CORTE A BUSCAR COBRAR EN ELLA
Claudia Guerrero
Agencia Reforma
Ciudad de México 17 noviembre 2023.- De contar con el voto de la mayoría en el Senado, María Estela Ríos González podría pasar de atacar a la Corte a cobrar en ella.
En lo que va del año, la funcionaria ha difundido comunicados y posicionamientos para denostar la actuación del Poder Judicial, sus ministros, magistrados y jueces.
Apenas el 10 de noviembre, cinco días antes de que Ríos González fuera nominada en la terna de candidatas a la Corte, la Consejería emitió un pronunciamiento en el que acusó a jueces y magistrados del PJF de negarse a devolver los recursos públicos de 13 fideicomisos extintos, para construir un fondo de ayuda para Acapulco.
La funcionaria arremetió contra los juzgadores que concedieron suspensiones definitivas para impedir el traslado del dinero a la Tesorería de la Federación. Además, los acusó de conflicto de interés y violación al principio de imparcialidad.
Un mes antes, la Consejería presionó públicamente a la presidenta de la Corte, Norma Piña, para demandar que no retrasara la aplicación de la justicia en el litigio que mantenían los Gobiernos de Coahuila y Chihuahua para frenar la distribución de Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la SEP, para educación básica.
El 27 de septiembre ya había exigido a la Corte resolver a la brevedad la controversia interpuesta por las autoridades chihuahuenses.
El 18 de agosto, la CJEF emitió un comunicado en el que acusó al Ministro Luis María Aguilar de cometer un atropello por ordenar la suspensión del reparto de los ejemplares.
Ese mismo mes reclamó a la Corte que confirmara la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, tras denunciar que una oligarquía académica y política pretendía la nueva ley del Conhacyt «para mantener sus privilegios».
También lanzó críticas a los Ministros, a quienes advirtió que podrían afectar los derechos de miles de burócratas, si aceptan la pretensión de «un grupo minoritario de senadores» para invalidar una reforma a la Ley del ISSSTE.
En esa ocasión, Ríos González exhortó a los integrantes de la Corte a ponderar el daño que ocasionarían con su decisión.
En junio, la funcionaria denunció públicamente que el proyecto de sentencia del Ministro Javier Laynez, contra el denominado Plan B o Reforma Electoral, vulneraría el principio de imparcialidad, ya que se planteaba la invalidez total del decreto, sin entrar al estudio de fondo.
En junio, acusó a la Corte de poner en peligro el equilibrio constitucional entre los poderes de la unión por invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas indebidas en materia de Contratación de Publicidad, impugnada por irregularidades en el proceso legislativo.
«La Corte falta su deber de resolver sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas y declaración validez so pretexto de violaciones a formalismo procedimentales de carácter reglamentario», sostuvo.
En abril, la Consejería demandó a la Corte revocar la suspensión otorgada al INE para que no entrarán en vigor las disposiciones contenidas en el llamado Plan B.
La aspirante a la Corte también se ha lanzado contra de otros integrantes del Poder Judicial.
En marzo de este año acusó a la magistrada electoral Janine Otálora, de violar el artículo 17 de la Constitución por prejuzgar y anticipar públicamente su postura en favor de la permanencia de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE.
