DÓLARES POR PLAYAS

El creciente auge del turismo de aventura en los pintorescos pueblos costeros de México, ha generado un impacto negativo alarmante en diversas comunidades. Si bien esta forma de turismo ha atraído a amantes de las olas, viento y montañas de todo el mundo y ha impulsado la economía local en ciertos aspectos, también ha dejado a su paso una estela de desafíos, controversias y afectación, entre ellos, el tema de la corrupción.

El turismo del kite-surf por ejemplo, se ha convertido en una tendencia mundial en los últimos tiempos, pues todos los años, con la llegada de vientos del norte y las bajas temperaturas en los Estados Unidos, una diáspora de norteamericanos huyen del frío para refugiarse en nuestras magníficas playas y las perfectas condiciones que ofrece México. Sin embargo, a medida que la popularidad de estos destinos ha crecido, también han surgido una serie de problemas que afectan la vida cotidiana de los residentes locales, amenazando su tranquilidad, su estabilidad económica y su patrimonio natural y cultural.

Uno de los principales inconvenientes es la masificación y la presión sobre los recursos locales. Los pueblos antes tranquilos y con una vida sencilla se han visto abrumados por la llegada masiva de turistas, lo que ha provocado un aumento de los precios, la especulación inmobiliaria y la explotación desmedida de los ecosistemas costeros.

La falta de interés y revisión por parte de las autoridades, ha permitido que se construyan colonias completas y desarrollos turísticos “exclusivos para extranjeros”, sin considerar los impactos sociales, ambientales y culturales que con su omisión están dejando a dichas comunidades, perjudicando la calidad de vida de los residentes y alterando el equilibrio ecológico de la región.

Lamentablemente, la corrupción ha permeado en muchos niveles de esta región. Desde la omisión de tramitar permisos de construcción para obtenerlos bajo favores y sobornos, hasta la explotación laboral de los trabajadores locales por los grupos de extranjeros; en los que se han reportado numerosos casos de irregularidades y abusos que tienen como trasfondo el contubernio y ambición de autoridades locales. Esto ha generado una profunda desconfianza entre los habitantes, quienes sienten que su bienestar y derechos son ignorados en beneficio de los intereses económicos de unos pocos.

Además, la llegada de grupos de extranjeros con notable poder adquisitivo, en complicidad con autoridades locales, han llevado a la expropiación de colonias completas y playas que antes eran utilizados por los lugareños y que ahora son restringidas y autodeterminadas como “solo para extranjeros”; dicha situación lleva años sucediendo en poblaciones de Baja California Sur, como La Fortuna, La Ventana-El Sargento, Todos Santos, entre otras, donde la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la autoridad municipal de La Paz, son ejemplo de cómo se ha dado preferencia a los dólares sobre la aplicación de la ley; pues por la corrupción de las autoridades se han permitido daños medioambientales, privatización de accesos a playas, la construcción de asentamientos irregulares y el desplazamiento de pobladores originarios.

Para abordar estos problemas, es verdaderamente urgente que las autoridades locales y nacionales tomen medidas efectivas para garantizar el cumplimiento y aplicación de leyes y del Estado de Derecho en favor de estos pueblos; así como también resulta indispensable castigar y sentar precedente en contra de quienes, en vez de proteger a las comunidades y el patrimonio ambiental, lo venden en dólares.