DE NUEVO AMENAZAN A REFORMA
Ciudad de México 02 julio 2026.- Integrantes del Sindicato del Metro amenazaron al personal de REFORMA con bloquear con 14 mil trabajadores la sede del periódico por publicar los gastos millonarios en la compra de centenarios y juguetes.
La mañana de este miércoles, cinco hombres que dijeron ser parte del sindicato pegaron copias de un comunicado en la fachada de REFORMA.
Los papeles corresponden al boletín que el sindicato hizo público el martes en sus redes sociales y donde realizaron un primer amago.
«De persistir esta campaña de ataques y difamaciones, el Comité Ejecutivo Nacional analizará y ejercerá las acciones legales y sindicales que nos asisten para la defensa de los derechos de los trabajadores, incluyendo el cierre de las instalaciones de dicho medio por lo menos por ocho días consecutivos», expusieron
Durante la pega del amago, los trabajadores fueron cuestionados sobre el acto que estaban realizando, señalando que, aunque en ese momento eran cinco, regresarían con 14 mil trabajadores.
«Que nos respeten los logros que tiene el sindicato, ya les mandamos dos oficios y de los dos oficios no recibimos ninguna respuesta, respeten los logros que tiene el sindicato», dijo Azariel, uno de los sindicalizados
ENCIENDE ALERTAS POR LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La amenaza del Sindicato del Metro de cerrar las instalaciones de REFORMA en respuesta a la publicación sobre la compra de centenarios para trabajadores representa una «señal peligrosa» para la libertad de expresión y refleja un clima cada vez más hostil hacia el periodismo en México, advirtieron representantes de dos de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de periodistas.
El representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Jan-Albert Hootsen, consideró que la respuesta del gremio es desproporcionada y puede generar riesgos para quienes laboran en el diario.
«Aquí hay un problema de proporcionalidad. Existen muchos mecanismos de mediación entre un medio de comunicación y personas que sienten que alguna cobertura les haya causado algún tipo de daño. Amenazar con el despliegue de supuestamente miles de miembros del sindicato manda una señal muy equivocada y, aparte, un poco peligrosa», señaló.
El especialista sostuvo que una movilización de esa naturaleza no sólo busca afectar a un medio por la publicación de una nota, sino que podría derivar en situaciones de riesgo para todo su personal.
«Están amenazando con victimizar todo el periódico por lo que es básicamente una nota… se podrían generar circunstancias de riesgo para los empleados de REFORMA», advirtió.
Hootsen afirmó que el derecho de réplica cuenta con diversos mecanismos institucionales y legales para atender inconformidades, por lo que recurrir a una amenaza de esa magnitud resulta «una forma muy draconiana de responder» y «muy visceral», que no contribuye al diálogo entre medios y sociedad.
Además, enmarcó el episodio dentro de un deterioro paulatino del ambiente para ejercer el periodismo.
«Durante los últimos 10 o 15 años vimos una erosión de la libertad de expresión en México y una creciente descalificación de la labor periodística», indicó.
El representante del CPJ alertó que normalizar acciones de intimidación contra medios puede tener consecuencias graves.
«Si vamos a normalizar la idea de que un sindicato con miles de miembros venga a las instalaciones de un periódico para intimidar a los empleados por una nota, yo creo que vamos por el camino equivocado», sostuvo.
En el mismo sentido, la representante en México de Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores, subrayó que el sindicato tiene derecho a solicitar una réplica, pero advirtió que amenazar con cerrar un periódico rebasa por completo ese procedimiento.
«Ellos están en todo su derecho de hacer una réplica… pero amenazar con cerrar el medio o llevar a cabo acciones legales ya están fuera de un tema de réplica», afirmó.
La defensora de la libertad de prensa advirtió que, de concretarse una acción para impedir el funcionamiento del diario, se afectaría directamente un derecho fundamental.
«Si llegaran a cumplirse estas acciones, desde luego estarían impactando en la libertad de expresión, porque restringiendo el acceso al medio estarían inhibiendo la libertad de expresión», explicó.
Flores consideró que el episodio se inserta en un contexto donde existe menor tolerancia al escrutinio público, especialmente entre actores que ejercen funciones o administran recursos públicos.
«Hay un contexto desde hace años en el que los funcionarios o las autoridades cada vez son más sensibles a una serie de cuestionamientos ante temas de transparencia», señaló.
Añadió que, conforme a los principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda persona pública o toda persona que haga uso de recursos públicos está expuesta al escrutinio público, por lo que hechos relacionados con el manejo de esos recursos deben estar sujetos al interés informativo.
