VÍNCULOS CRIMINALES OPERAN LA VIGILANCIA DEL AICM
Ciudad de México 8 junio 2026.- En una grave brecha de seguridad nacional, la Secretaría de la Marina otorgó contratos por más de mil 194 millones de pesos para la vigilancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a dos corporativos privados cuyos socios y operadores clave están formalmente acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de pertenecer a una red de tráfico de armas al servicio del Cártel del Golfo.
De acuerdo con una investigación periodística realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las empresas SERPROSEP y Armour King recibieron la millonaria adjudicación para custodiar las salas de espera y los puntos de inspección de pasajeros y equipaje en las Terminales 1 y 2 de la principal terminal aérea del país.
Documentos mercantiles revisados por MCCI revelan que ambas firmas comparten vínculos directos con Jorge Enrique Alberts Ponce, alias «Yoryi», y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga. Ambos sujetos fueron identificados por las autoridades ministeriales como miembros clave de una estructura delictiva presuntamente liderada por Raúl Rocha Cantú, actual dueño de la franquicia Miss Universo. La situación legal de Alberts Ponce es especialmente crítica, ya que actualmente cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.
El rastreo corporativo detalla que Alberts Ponce y Sainz de la Maza operaron como accionistas de SERPROSEP. Paralelamente, en el entramado de la empresa Armour King, el «Yoryi» funge como apoderado legal, mientras que Sainz de la Maza aparece registrado como comisario desde la fundación de la compañía, compartiendo además al mismo personal operativo en ambas razones sociales.
Al ser cuestionada formalmente sobre estos hallazgos, la Marina evitó fijar una postura de cancelación inmediata de los contratos. La institución armada señaló que, en caso de corroborarse las anomalías, se dará vista a los órganos fiscalizadores internos, advirtiendo que mantendrán la vigencia de los servicios de seguridad aeroportuaria hasta que exista «una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional» en contra de los implicados.
